Una alianza delictiva entre dos compatriotas y un ciudadano extranjero de dudosa reputación, y con documentos probablemente falsos para obtener su residencia en nuestro país, es la que está permitiendo la usurpación de un local comercial dentro de una valiosa propiedad en el barrio San José de Ciudad del Este, según denuncias de abogados de la dueña.
De acuerdo a los antecedentes, Bernardo Vaceque Bogado, “firmó” un contrato de alquiler con Julio César Núñez Sosa en abril de este año, pero documentos contundentes muestran que el supuesto locador ya había fallecido el 19 de setiembre del 2010 en Asunción. De hecho, su certificado de defunción está agregado a una carpeta de investigación fiscal a cargo del fiscal Luis Trinidad.
A su vez, Julio César Núñez Sosa habría facilitado a su pariente, Junior Borja, los documentos de contenido falso para que hoy el local comercial situado en una privilegiada zona, cerca del colegio San José, esté siendo explotado por un ciudadano extranjero de procedencia e identidad no conocida, ya que ante la Policía usa dos identidades distintas, como Houssam Alzir, o Hooussam Idi.
Ante la clara existencia de documentos falsos, la Municipalidad de Ciudad del Este ya dispuso la intervención del local y su clausura, también a conocimiento de la denuncia presentada por la verdadera dueña, María Nimia Romero Gaona, quien ya había instaurado también un juicio de desalojo contra el anterior ocupante, Julio César Núñez Sosa, obteniendo sentencia favorable.
Sin embargo, antes de la ejecución del desalojo, apareció este ciudadano libanés y abrió en el lugar un local de comidas rápidas, teniendo como socio a un sujeto de nombre Junior Borja, que, a la vez, es sobrino de Julio César Núñez Sosa. El propio Núñez Sosa fue quien gestionó ante la Comuna la patente, con documentos falsos, y usando datos totalmente distintos de la propiedad, como número de Lote, Manzana, y Cuenta Corriente Catastral.
APELACIÓN CAJONEADA
De acuerdo a los datos a los que accedió este diario, María Nimia Romero Gaona, había promovido un juicio de desalojo que tuvo sentencia favorable, pero fue apelado por el “invasor” de su propiedad. Esa apelación, está en segunda instancia con el preopinante Roberto Macorito desde agosto del 2023, y llamativamente está por cumplir un año de “cajoneo” en el despacho del magistrado de alzada, sin que el mismo se digne en emitir su preopinión para que el juicio pueda seguir su curso, y la verdadera dueña pueda recuperar su propiedad.
