Los contratos y arrendamientos que permiten la explotación de propiedad municipal, así como su posesión, son motivos de dudas para propios y extraños, pues las críticas y denuncias de negociados nunca dejaron de darse.
Los terrenos comunales, bajo la modalidad de arrendamiento y hasta la venta, dejan beneficios multimillonarios, pero para quienes son parte en la transacción.
A todas luces cada acto sobre un terreno público, tiene fuerte “olor” a negociado.
Los ejemplos no son pocos, ni mucho menos aislados o frutos del tiempo electoral.
La preocupación se acentúa al mencionar el hecho que se cuenta con juntas municipales absolutamente desinteresadas en la ciudadanía en general, y solo útiles para asuntos movimentistas y partidarios. Lógicamente para propios bolsillos.
Teniendo en cuenta que la realidad apunta que los bienes públicos no cuentan con custodios legales, se cae a la realidad de dudar totalmente de las reales pretensiones de quienes se creen dueños de los inmuebles comunales.
Lejos de la transparencia, cada contrato, arrendamiento o cesión, es manejado de manera hermética, al punto que ni los pocos concejales que se animan a pedir informes, tengan respuestas sobre los mismos.
La aberración de contar con ediles mediocres, permite todo tipo de manejos irregulares, solapados con custodias que son chistes.
Es de hipócritas salir a gritar que no hay nada irregular, pero ni siquiera mostrar un esbozo de documento sobre la tramitación pertinente.
Si en el presente se tienen sendos edificios en propiedades comunales, sin que nadie de mucha explicación al respecto, es más que justificable la necesidad de transparentar.
Incoherencias, y falsedades, son los argumentos de legisladores que solo defienden propios intereses, o de jefes comunales mercenarios.
No es correcto enajenar bienes, y no hay argumentos muy verosímiles como para explicar hechos que en su momento se obviaron.
Las corporaciones legislativas, en teoría, son principales custodios de los bienes públicos, por lo que, si existió y existe la progresiva comercialización de terrenos, tomando incautos al pueblo que ni siquiera conoce lo que pasa en su entorno, es hora de exigir a sus componentes actuar al menos en consecuencia.
Existen demasiados hechos no transparentes, por lo que la tolerancia debe dejarse de lado, y exigir mayor concordancia entre lo que se dice y se hace.
Es obligación de los concejales municipales, velar por los bienes ciudadanos, y no solo responder como marionetas.
Asimismo, mientras se tenga un pueblo quieto, se corre el riesgo de ser embaucados y ni darse cuenta de la situación.
La ciudadanía tiene pleno derecho a conocer lo que se hace sobre sus bienes y en qué se destinan las sumas que al menos aparecen en los papeles como cánones por su transferencia.
La transparencia se demuestra con hechos, por lo que palabreríos de mediocres, deben abrir paso a realidades que sostengan una garantía que se hace lo correcto con los bienes de todos. Con lo apropiado se evita robos y caos.
