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Ley cartista contra ONG alejará inversiones y beneficia a la corrupción, advierten

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Gremios empresariales y organizaciones anticorrupción advierten que el proyecto de ley que impulsa el cartismo, para controlar a las ONG que no se alinean al Gobierno de turno, afectará el derecho a la propiedad por regular la obtención de fondos privados. Señalan que incluso debilitará la democracia y el desarrollo económico además de alejar todo tipo de inversiones extranjeras.

En un comunicado, 25 organizaciones repudiaron el tratamiento del proyecto de ley que se analizará este lunes en sesión extraordinaria en el Senado. En cambio los proyectistas, encabezados por el titular de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), sostienen que la ley busca “transparentar” los fondos públicos que reciben las ONG y evitar que “agendas extranjeras” financien grupos que atenten contra nuestra “cultura”.

Entre las firmantes del comunicado están Amcham, CIP, ADEC, Capro, Cisoft, Capace, Codeleste, Asepy, APPC, Aihpy, Fedemipyme, AMP, Asomipymes, Camipyme, Amedap, APEP, APEC, PEC, IDEA, ReAcción Paraguay, Horizonte Positivo, Fundación Moisés Bertoni y Denide.

Algunas de estas organizaciones convocan hoy a las 10:00 a una conferencia de prensa en el Gran Hotel del Paraguay, sobre De la Residenta 906 y Padre Pucheau.

ONG: inversiones y corrupción

Las organizaciones alegan que no fueron consultadas y que de ser aprobada, la ley traerá repercusiones negativas para los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de nuestro país.

Comunicado de las ONGs.
Comunicado de las ONGs.

“Nuestro país presenta debilidades en los indicadores de gobernanza en comparación con otras naciones, enfatizando la necesidad de mejorar en áreas como la eficacia gubernamental, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Sin una sociedad civil robusta y participativa, es difícil aumentar la confianza en nuestras instituciones y atraer mayores inversiones”, recalcaron.

“Las regulaciones propuestas en este proyecto de ley representan una amenaza para alcanzar el grado de inversión, ya que limitarían la libertad de asociación, un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución”, agregaron.

“Instamos a los legisladores a reconsiderar este proyecto de ley y trabajar en conjunto con los sectores afectados para consensuar un marco normativo”, finalizaron.

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