Asunción, Agencia IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emitió un comunicado en el que aclara que la actualización de las tarifas para el sector de las criptominerías está amparada en la ley y se sustenta en criterios técnicos, además de evitar un subsidio al grupo de consumo intensivo especial por parte de todos los usuarios de la estatal.

El comunicado señala que la actualización de las tarifas de energía eléctrica correspondiente al Grupo de Consumo Intensivo Especial (Criptominerías), están amparadas en la Ley N° 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE” y en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7824/2022 de fecha 16 de setiembre de 2022, que autorizó a la ANDE a fijar la tarifa y establecer condiciones especiales temporales para este segmento de usuarios.

En dicho contexto, teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, se ha procedido a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes.

Esta actualización de las tarifas (de 9% a 16%) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería.

Así también, con relación a las manifestaciones formuladas por el Senador Nacional Salim Buzarquis, acusando “a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales” (sic), la ANDE rechaza tales declaraciones y aclara que esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal.

«Prueba irrefutable de lo señalado, constituyen la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas por la ANDE ante el Ministerio Público, procedimientos en los cuales se han incautado más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica. En estas causas la ANDE contribuye con todos los requerimientos formulados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables de la comisión del ilícito, independientemente de quienes se traten», dice la institución.

Asimismo, añade que el Poder Ejecutivo, a instancia de la ANDE, ha impulsado la modificación del artículo 173° del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que a la fecha cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Senadores.

«Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía», concluye el comunicado.