Por segunda vez este mes, cuando se cumplen dos años desde que dio un vuelco a los derechos reproductivos en Estados Unidos al derogar la protección constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha dado una victoria, siquiera temporal, a los defensores de ese derecho y a la Administración de Joe Biden.
El Alto Tribunal, por una mayoría 6-3, ha decidido permitir que médicos de urgencias en Idaho, uno de los estados que tras la derogación de Roe v Wade ha adoptado una de las legislaciones más restrictivas, puedan seguir practicando abortos en casos en que el embarazo represente riesgos para la salud de la madre.
Se trata, no obstante, de una decisión temporal mientras el caso vuelve a tribunales inferiores. Y el fallo (que coincide básicamente con el texto que se había publicado por error brevemente en la web del Supremo la víspera) no resuelve la cuestión central: si hay normas federales que impiden prohibiciones estatales tan drásticas como la de Idaho, que se han instaurado en muchos estados conservadores desde la derogación de Roe.
El combate por los derechos reproductivos y la lucha por garantizarlos ante la oleada de normas restrictivas en estados republicanos es central para los demócratas en la campaña electoral de las presidenciales de noviembre que miden a Biden y Donald Trump. Y aunque este era el primer caso en el que el Supremo estudiaba ese duelo entre poder federal y estatal en esta cuestión, al renovar la litigación hace difícil pensar que la más alta instancia judicial vaya a adoptar una posición que siente jurisprudencia antes de los comicios.
“Situación trágica”
Precisamente la salida tangencial del Supremo es lo que ha llevado a una de las tres juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson, a oponerse a la decisión. “No es una victoria para pacientes embarazadas, es un retraso”, ha escrito la magistrada, que ha denunciado que el tribunal ha “desaprovechado la oportunidad de poner claridad y certeza en esta situación trágica”.
“Mientras este tribunal pierde el tiempo y el país espera, gente embarazada que experimenta problemas médicos de emergencia sigue en una posición precaria conforme los médicos siguen sin saber lo que la ley requiere”, opina la jueza. “Mientras nos neguemos a declarar lo que la ley requiere, pacientes embarazadas en Idaho, Texas y otros estados pagarán el precio”.
Esa salida es también similar a la que adoptó recientemente con la mifepristona. En ese caso por unanimidad decidieron mantener el acceso a la píldora abortiva, pero solo porque negaron base legal para demandar a quienes habían intentado limitar el acceso. El fondo del caso quedó también sin resolver.
La ley de Idaho
La ley de Idaho ilegalizó el aborto salvo en casos de incesto, violación, algunos de embarazos inviables y cuando era necesario para evitar la muerte de la madre. Contemplaba cargos penales, cárcel y pérdida de licencias para los médicos que los practicaran.
El gobierno de Biden acudió a los tribunales asegurando que la esa ley estatal vulneraba otra federal, firmada por el antiabortista Ronald Reagan, que en hospitales que trabajan con Medicare (recibiendo fondos federales del sistema de salud público) obliga a los médicos a tratamientos de urgencia, incluyendo abortos, para estabilizar a pacientes que no solo enfrentan riesgo de muerte sino también otros como un fallo en los órganos o pérdida de fertilidad. Por segunda vez este mes, cuando se cumplen dos años desde que dio un vuelco a los derechos reproductivos en Estados Unidos al derogar la protección constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha dado una victoria, siquiera temporal, a los defensores de ese derecho y a la Administración de Joe Biden.
El Alto Tribunal, por una mayoría 6-3, ha decidido permitir que médicos de urgencias en Idaho, uno de los estados que tras la derogación de Roe v Wade ha adoptado una de las legislaciones más restrictivas, puedan seguir practicando abortos en casos en que el embarazo represente riesgos para la salud de la madre.
Se trata, no obstante, de una decisión temporal mientras el caso vuelve a tribunales inferiores. Y el fallo (que coincide básicamente con el texto que se había publicado por error brevemente en la web del Supremo la víspera) no resuelve la cuestión central: si hay normas federales que impiden prohibiciones estatales tan drásticas como la de Idaho, que se han instaurado en muchos estados conservadores desde la derogación de Roe.
El combate por los derechos reproductivos y la lucha por garantizarlos ante la oleada de normas restrictivas en estados republicanos es central para los demócratas en la campaña electoral de las presidenciales de noviembre que miden a Biden y Donald Trump. Y aunque este era el primer caso en el que el Supremo estudiaba ese duelo entre poder federal y estatal en esta cuestión, al renovar la litigación hace difícil pensar que la más alta instancia judicial vaya a adoptar una posición que siente jurisprudencia antes de los comicios.
“Situación trágica”
Precisamente la salida tangencial del Supremo es lo que ha llevado a una de las tres juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson, a oponerse a la decisión. “No es una victoria para pacientes embarazadas, es un retraso”, ha escrito la magistrada, que ha denunciado que el tribunal ha “desaprovechado la oportunidad de poner claridad y certeza en esta situación trágica”.
“Mientras este tribunal pierde el tiempo y el país espera, gente embarazada que experimenta problemas médicos de emergencia sigue en una posición precaria conforme los médicos siguen sin saber lo que la ley requiere”, opina la jueza. “Mientras nos neguemos a declarar lo que la ley requiere, pacientes embarazadas en Idaho, Texas y otros estados pagarán el precio”.
Esa salida es también similar a la que adoptó recientemente con la mifepristona. En ese caso por unanimidad decidieron mantener el acceso a la píldora abortiva, pero solo porque negaron base legal para demandar a quienes habían intentado limitar el acceso. El fondo del caso quedó también sin resolver.
La ley de Idaho
La ley de Idaho ilegalizó el aborto salvo en casos de incesto, violación, algunos de embarazos inviables y cuando era necesario para evitar la muerte de la madre. Contemplaba cargos penales, cárcel y pérdida de licencias para los médicos que los practicaran.
El gobierno de Biden acudió a los tribunales asegurando que la esa ley estatal vulneraba otra federal, firmada por el antiabortista Ronald Reagan, que en hospitales que trabajan con Medicare (recibiendo fondos federales del sistema de salud público) obliga a los médicos a tratamientos de urgencia, incluyendo abortos, para estabilizar a pacientes que no solo enfrentan riesgo de muerte sino también otros como un fallo en los órganos o pérdida de fertilidad.