El general Juan José Zúñiga llevó a cabo un fallido intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Arce, en Bolivia. Ocurrió a plena luz del día cuando tanques y vehículos militares ocuparon la plaza Murillo, frente al Palacio Quemado en La Paz.
El general Zúñiga, en un acto inusual y sorpresivo, declaró a la prensa que Bolivia necesitaba «recuperar su democracia» y que pronto habría un cambio de gabinete. Sin embargo, su rebelión fue fugaz y rápidamente rechazada tanto a nivel nacional como internacional.
Este intento de golpe unió en su condena a Arce y a su predecesor, Evo Morales, quienes se enfrentan en una lucha interna dentro del oficialismo. Zúñiga, destituido por amenazas previas contra Morales, insistió en que el presidente boliviano no debería volver a la presidencia, recordando que la legislación boliviana prohíbe su reelección después de varias gestiones consecutivas. Morales, a su vez, acusó a Zúñiga y a las fuerzas armadas de intentar un autogolpe si no desautorizaban sus declaraciones.
El conflicto entre Arce y Morales se intensificó en medio de una crisis económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares y combustibles, y las crecientes protestas sociales atribuidas al «evismo», el sector leal a Morales. Arce denunció un «golpe blando» por parte de Morales y sus seguidores, acusándolos de querer acortar su mandato y de amenazar la estabilidad del Estado Plurinacional y el modelo económico social comunitario.
La Asamblea Legislativa, dominada por la oposición, también está en crisis, paralizada por disputas internas y la intervención del poder judicial. Morales, inhabilitado para las próximas elecciones por el Tribunal Constitucional, aspira a volver a la política, mientras que Arce intenta consolidar su liderazgo y evitar el regreso de su antiguo aliado.
La ocupación del Palacio Quemado por unas pocas horas, durante la cual Zúñiga hizo declaraciones públicas sobre la necesidad de recuperar la democracia y liberar a presos políticos, como la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, puso de manifiesto la soledad del general rebelde. Al final, Arce ordenó la retirada de las tropas y reemplazó a toda la cúpula militar, restaurando temporalmente el orden en medio de una ola de condena internacional al intento de golpe.