Los datos ya fueron ampliamente divulgados desde el inicio del juicio oral, hace cuatro meses, a un sexagenario de Ciudad del Este que abusó sistemáticamente de su nieta, hija de su hijo, pero que hoy goza de prisión domiciliaria gracias a dictámenes médicos con probable contenido falso. Por casos similares, hay personas condenadas hasta a 27 años de prisión en el Este, pero él está libre.
Las abogadas Noelia Núñez y Alice Monges, asumieron la querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, y hablaron con amplitud de cómo opera un sistema y trae beneficios ajenos a la labor para la que fueron llamados, a administradores y auxiliares de justicia, mientras algunas profesionales son censuradas y amenazadas, porque denuncian el esquema.
Esta última afirmación correspondió particularmente a la abogada Noelia Núñez, quien explicó que comenzó a analizar expedientes donde niños o niñas de escasos recursos eran víctimas de abuso sexual, y encontró que los integrantes de la cofradía se cruzaban informaciones, interactuaban, y ha podido acumular pruebas que están en expedientes, que muestran que esas personas se apartan de la Ley.
Habló de jueces, fiscales, médicos, y por sobre todo psicólogas del Poder Judicial, el Ministerio y Público y el Ministerio de la Defensa Pública, que actúan como cofradías y en cooperativismo, y buscan la forma de desarticular y no permitir que trascienda la información. “Y voy a formular finalmente la denuncia porque es lo que corresponde”, dijo la profesional.
En el caso particular que la ocupa, Noelia Núñez explicó que finalmente las tres psicólogas en cuestión, a saber; Deisy Alvarenga de la Fiscalía; Estela Maris Morínigo del Poder Judicial; y Fátima Flores del Ministerio de la Defensa Pública, declararon todas juntas en juicio oral, ésta última inclusive en su carácter de perito privado a favor del abusador, cuando ella está siendo pagada por el Estado paraguayo para defender a personas de escasos recursos.
“Ayer declararon juntas las tres, y el tribunal contribuía para que las psicólogas no contestasen las preguntas complicadas. Expuse documentos como la resolución del Ministerio de la Defensa Pública que dispone que una psicóloga de esa institución no puede ejercer la defensa privada de nadie, menos aún en horario de trabajo”, reveló, pero igualmente el tribunal la permitió.
Los integrantes del tribunal son los magistrados Fabio Aguilar, Serafín González y Vitalia Duarte, quienes, según la abogada denunciante, tienen animadversión confesa contra ella, y solamente quieren desprenderse de la causa a sabiendas de que ya existe una decisión previa de proteger a la rosca que está favoreciendo al abusador, y así dejar que, en muchos juicios, como éste, no se haga justicia.
“No podemos analizar las pericias de una manera lógica y razonable cuando fue realizada por personas cuyas credenciales ya están cuestionadas. Si yo hago una pericia trasgrediendo las leyes, cómo le voy a dar seguridad y fiabilidad a un informe que proviene de personas altamente cuestionadas”, afirmó la abogada Noelia Núñez.
“Ellas quieren desarticular, desmeritar y desvirtuar el testimonio de una niña. Ellas tienen a disposición la carpeta fiscal, el expediente judicial y la grabación de la cámara Gessel, y se contradijeron igual. Dijeron que analizaron el caso en la oficina particular de la psicóloga Fátima Flores, quien en ese horario debería estar representando a la ciudadanía, a gente de escasos recursos”, afirmó.
ABUSADOR LIBRE
Lo más indignante en este caso es que el abusador, abuelo paterno de la niña, está libre en virtud a un dictamen médico que señala que el mismo estaba “a punto de morir” en la cárcel, y debía ser intervenido quirúrgicamente en forma urgente. Le dieron domiciliaria hace tres años, y hasta ahora ni murió, ni fue operado. La médica que le favoreció aún debe declarar en juicio.
