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Asociaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Penal Internacional una demanda contra la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, y un grupo de ministros. La petición responsabiliza a la mandataria de crímenes de lesa humanidad y de la muerte de decenas de personas en las protestas antigubernamentales realizadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.