En su acusación, la Fiscalía sostiene que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encabezó, montó, coordinó y planificó un esquema de robo con la compra ficticia de alimentos para distribuir durante la pandemia del Covid-19. La investigación resalta que de los G. 2.949.650.000 que supuestamente se le pagó a “Tía Chela”, solo se destinaron G. 692.155.023, detectándose la lesión de confianza por G. 2.130.036.160.
Prieto montó este esquema con funcionarios, familiares, amigos y exnovias. Otra de las beneficiadas de esta organización es Emili Vanesa Florentín Páez, que en plena pandemia se compró una mansión en el Paraná Country Club de Hernandarias por US$ 370 mil. El miércoles, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, acusaron y solicitaron juicio oral al intendente Prieto, en su carácter de líder de un esquema de corrupción que causó un perjuicio de G. 2.130.036.160, mediante una licitación amañada por vía de la excepción. “Se le atribuye al intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, que entre los meses de marzo y julio de 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160″, expresa una parte del relatorio presentado por el Ministerio Público.
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De acuerdo a la carpeta fiscal, el 19 de marzo de 2019, se fabricó la licitación por vía de la excepción, de manera direccionada a favor de la firma Tía Chela, propiedad de Fermín Ávalos Britos. En este proceso administrativo se involucraron los funcionarios Maggi Fariña, Sebastián Martínez (hoy concejal municipal, exdirector de Desarrollo Social), Francisco Arrúa, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, José Cáceres y Julián Benítez. Los citados armaron la licitación e incluso dejaron constancia de la recepción de mercaderías que nunca fueron proveídas a la Municipalidad de Ciudad del Este, consistente en 25.000 kits de alimentos.
Estos, junto a Prieto, “fabricaron” todo el procedimiento administrativo respecto a la elaboración de los memorándum y dictámenes que habilitaron la contratación por la vía de la emergencia. En tal carácter, “ejecutaron las convocatorias, cursaron invitaciones, participaron de la evaluación de ofertas, de la contratación, se encargaron de todo el procedimiento de pago a la firma proveedora y, dejaron constancia de la recepción de mercaderías que no fueron proveídas por G. 2.130.036.160, acorde a lo pactado en el contrato que estableció que debían proveer 25.000 kits de alimentos por la suma total de G. 2.949.650.000”, indica otra parte de la acusación.
Tras esquematizar todo el proceso engañoso, el 27 de marzo de 2020, la firma “Tía Chela” fue adjudicada por la comuna esteña para la provisión de alimentos que formarían parte de las cestas básicas que se debieron distribuir a los afectados por aquella pandemia. En enero de este año, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente Miguel Prieto y otros procesados por lesión de confianza. El referido plazo venció el pasado miércoles 19 de junio, fecha en que se presentó la acusación y el pedido para elevar la causa a juicio oral, tema a definirse ya la próxima semana.