No siendo nuevo el propósito en voz baja de extender mandatos, demuestra que viejos vicios de sobreponerse a voluntades populares, y el mismo marco legal, no han quedado en el pasado. La prolongación de administraciones de intendentes y concejales municipales, echa por tierra valoración del voto popular, y dejan en relieve atropellos inconcebibles en un Estado de Derecho. La torpeza de querer mantenerse en el cargo sin merecerlo, es como robar la voluntad popular de la ciudadanía.

Alegrarse, festejar la posibilidad, es como satisfacerse por pisotear la ley. Es lamentable que en este tiempo se siga fomentando principios ilegales, sin rubor alguno y hasta públicamente expresando que todo está bien. Una autoridad con ética y respetuosa de la voluntad popular jamás puede prestarse a esta iniciativa que una vez más surge en el escenario como posibilidad.

Si quieren permanecer en puestos, que se lancen a las elecciones y que ahí, donde es el conducto natural diriman fuerzas electorales con otros. Obtener meses más de jugosos salarios es un premio inmerecido para improductividades absolutas.

Si se pone a evaluar nada más actuaciones a nivel regional, se puede determinar fehacientemente que en muchos de los casos, ni siquiera periodos normales merecen vivir a costas de la ciudadanía. Y tampoco si las labores fueran proficuas, algo que no se vio en ningún lado, no puede sobreponerse a la “voz del pueblo”. Aclarando que la voz del pueblo, no precisamente constituyen los posteadores pagados con dinero comunal y  que son obligados a lanzar loas a patrones.

Ya se tuvo experiencia de pisotear normativas dejando en la historia legal el atropello más vil cometido por los “prohombres” de la Patria.

Este precedente da pie para que todo funcionario de cualquier ente que tenga limitado funciones, pueda recurrir al poder político para mantenerse. No corresponde, y los beneficiados saben perfectamente del hecho.

Aquellos que vibran por la posibilidad, constituyen grandes ineptos que conocen que es prácticamente imposible volver al cargo por la voluntad de la ciudadanía. Este sería un premio absurdo.

La contraposición con lo correcto, con lo legal, llevará al mismo estadio de cosas que la anterior administración.

Si los intendentes y concejales lograran prolongar mandatos, porque no lo pueden hacer diputados, senadores y el mismo Presidente?

Un país serio, respetuoso de su norma no fomenta anomias solo para beneficiar a correligionarios en intendencias o juntas. La inmoralidad legal terminará por dañar profundamente los cimientos de la misma Constitución.

Todos los que fueron electos por la mayoría de ciudadanos para determinados puestos deben cumplir cabalmente sus funciones en ese marco. La obediencia a la ley es obligación de un verdadero líder y un patriota.

Un buen intendente, un legislador con todas las letras, debería rechazar este tipo de posibilidades, y no solo mencionar que no le importa la prolongación, y sostener que solo se solidarizaría con el premio inmerecido e ilegal.

Lo que se escucha como chisme en pasillos legislativos, debería quedar como eso, y no repetirse errores.