Si bien siempre se menciona como chivo expiatorio que una reforma de la Constitución Nacional del Paraguay, podrá dar una solución definitiva a los males de la Justicia, lo realmente apropiado sería “reformar” la mente de los componentes fiscales y de los órganos jurisdiccionales. La muestra es clara en torno a tener buenas leyes, pero malos ejecutores y auxiliares.

Solo modificar la Carta Magna no ayudará a tener mayor celeridad en las determinaciones de jueces, o evitará que se siga manipulando y comercializando resoluciones judiciales, puesto que el componente humano es el defectuoso. Y es así que se denigra desde pruebas periciales hasta decisiones que debería ser de extrema precautela legal.

Despolitizar este poder del Estado también es más que importante, sin embargo, eso no ocurrirá de la noche a la mañana, teniendo en cuenta los múltiples intereses del poder político y la realidad presente. Las presiones deben dejar de alterar elementos probatorios y las decisiones no pueden ser a ciegas sobre composiciones espurias. La actual Constitución no es ninguna excusa como para vigencias de impunidades o la acción de jueces venales.

Apuntar a tener una Justicia objetiva, sin presiones externas, está plenamente contemplada en esta misma legislación, pero no se cumple. La justicia sigue sin ser tal, debido a la corrupción de sus miembros, mediante un sistema instalado por altos funcionarios sin escrúpulos que viven de la coima. La erradicación de vicios de la representación fiscal y de Justicia pasa por una profunda reingeniería funcional y de recursos humanos.

La impunidad es el motivador principal de hechos irregulares, permitiendo que mediante unos dólares se logre volcar la justicia, o trabar derechos ajenos. Es cierto que la politiquería domina al Poder Judicial, pero por voluntad propia. Falta primero personalidad y patriotismo a quienes son los encargados de hacer cumplir las leyes y representar al pueblo antes los organismos jurisdiccionales.

Si los ministros de la Corte no se sometieran a la corrupción, si los Fiscales Generales velasen y vivenciarán la ética inquebrantable, es más que evidente que las esferas inferiores también no lo harían. La falta de autoridad moral, y la contaminación de lo perverso hacen que los honestos, los justos y los instruidos pasen desapercibidos o sean “eliminados” de la vida judicial, pues contrarían a patrones externos.

Ni código de ética, ni sanciones penales tuvieron efecto en la idea inmunda de coimas de la que hicieron institucional varios referentes del sector jurídico. La verdadera cultura de la corrupción es sumamente fuerte, y con énfasis se manifiesta en fallos aberrantes e impunidades totales. No en vano se tienen defensas públicas de energúmenos y determinaciones periciales diabólicas.

La estructura estatal está contaminada por esta patología, por lo que lo anormal se volvió hasta cotidiano, aunque al menos ahora con reproche social. La falta de capacidad profesional, honradez, ética y moral efectiva de los miembros que se zambullen en las órdenes con intereses económicos, convierten a la Justicia en un supermercado de atrocidades legales y atropellos a los principios humanos.

Si se desea tener un Poder Judicial medianamente aceptable, se debe pergeñar proyectos más allá de una sencilla renovación de la Constitución, y buscar desde ya zozobrar esa estructura de auxiliares mediocres y malvivientes. Una buena justicia no conviene a muchos, pues puede implicar despojarlos de sus mismas libertades.