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Con el nuevo recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá determinar si se ha incurrido en la violación de algún derecho contemplado en la Convención Americana.
Después de que la sala de apelaciones de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador determinara que la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la embajada mexicana en Quito fue “legal”, su defensa anunció el sábado que acudirá a instancias internacionales en búsqueda de su libertad, informa AP.
La decisión del tribunal afirma que en la detención de Glas “se aplicaron las reglas determinadas en la ley”, y que no se evidenció que los jueces que habían emitido las ordenes “hayan utilizado causas y métodos que puedan considerarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos”.
Asimismo, revierte el fallo de primera instancia de hace dos meses, en el que se dictaminó que la aprehensión del exvicepresidente fue “ilegítima y arbitraria”, pero, aun así, dispuso que continuara en prisión para cumplir la condena pendiente.
La abogada de Glas, Sonia Vera, afirmó que una vez se haya “agotado la vía nacional ordinaria”, acudirán al sistema interamericano de derechos humanos para presentar un pedido contencioso por lo que calificó como “secuestro” del exvicepresidente. Con este recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá determinar si se ha incurrido en la violación de algún derecho contemplado en la Convención Americana.
Vera añadió que, a la par, se presentará una “acción extraordinaria de protección” en las cortes nacionales, aunque admitió que eso llevará tiempo. Para el exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia, Gonzalo Silva, esta acción en tribunales nacionales no procede y, de ser admitida, la prisión de Glas no se suspendería.
El pasado 5 de abril, la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito y detuvo a Glas, a quien el Gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático unas horas antes. El exvicepresidente se enfrenta a acusaciones por corrupción y soborno. El operativo provocó que ambas naciones rompieran relaciones diplomáticas y se demandaran mutuamente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).