Basándose en una interpretación de una ley poco conocida que fue adoptada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en 1953, a los funcionarios de inmigración se les permite registrar a las personas incluso a 160 kilómetros de las fronteras y sin una orden judicial. Sin embargo, esta medida viola claramente la Cuarta Enmienda de la Constitución del país que protege a los ciudadanos de registros e incautaciones irracionales. Analizamos este controvertido tema en ‘Impacto Directo’.
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