Debido a la falta de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suspendió las transferencias correspondientes a royalties y al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) a cinco intendentes del departamento de Alto Paraná, además de otros 19 municipios de todo el país.
La suspensión, según el MEF, se mantendrá hasta que estos municipios presenten la documentación requerida a la Contraloría General de la República, informes al Tesoro Nacional y realicen los pagos por haberes jubilatorios, cumpliendo con los plazos y requisitos legales establecidos.
Los jefes comunales de Alto Paraná afectados por la suspensión incluyen a Miguel Prieto (Ciudad del Este, Yo Creo), Gustavo Cano (Raúl Peña, PLRA), Clementino Portillo (Minga Porã, PLRA), Rafael Ramírez (Ñacunday, ANR-cartista), y Edgar Torres (Santa Rita, ANR-cartista), este último hermano del gobernador César “Landy” Torres (ANR-cartista).
Hasta la fecha, el MEF ha transferido G. 212.065 millones en royalties, G. 93.255 millones en FONACIDE, y G. 12.232 millones provenientes de juegos de azar. FONACIDE está destinado principalmente al sector educativo, mientras que los royalties de ITAIPÚ se utilizan para obras de infraestructura.
El informe más reciente indica que las municipalidades mencionadas no han presentado sus balances correspondientes. En algunos casos, los intendentes tampoco han rendido cuentas a sus juntas municipales, complicando aún más la situación.
REACCIÓN PARAGUAY
En la última sesión ordinaria de los concejales de Ciudad del Este, la organización ReAcción Paraguay participó en una audiencia pública donde presentaron informes sobre la ejecución de obras financiadas con fondos de FONACIDE.
La organización destacó que la municipalidad muestra un bajo nivel de transparencia, ya que no se han cargado facturas ni otros documentos importantes a los que la ciudadanía debe tener acceso. Señalaron también que las mejoras en las instituciones educativas están considerablemente retrasadas, y en algunos casos, ni siquiera se han iniciado.
ReAcción Paraguay atribuyó este retroceso a la administración del clan Zacarías y exhortó a las autoridades actuales a gestionar adecuadamente los fondos destinados al sector educativo por el Gobierno.