Manning, que pasó más de año y medio en prisión preventiva, confesó en 2013 haber filtrado más de 750,000 documentos. Un tercio del contenido eran archivos diplomáticos que, aunque el gobierno de Obama calificó de altamente perjudiciales, en gran parte eran simplemente embarazosos para los funcionarios de Estados Unidos, que escribían con franqueza sobre el comportamiento de dirigentes extranjeros en sus informes de regreso a casa.
Finalmente, Manning fue condenada por seis delitos contemplados en la Ley de Espionaje y por uno de hackeo informático. Únicamente 229 de los documentos se presentaron contra ella ante el tribunal. Fue absuelta de “ayuda al enemigo”, un cargo que pudo haberle acarreado cadena perpetua. Su condena de 35 años fue conmutada por el expresidente Barack Obama en 2017, en uno de sus últimos actos en el cargo.
En 2019, Assange fue expulsado por la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, donde había vivido en asilo durante siete años, y condenado por un tribunal británico a 50 semanas de prisión por eludir la libertad bajo fianza. Desde entonces, permanece recluido en la prisión de Belmarsh, a la espera de que concluyan sus comparecencias para la extradición, que se retrasaron repetidamente como consecuencia de la pandemia de covid-19.
El archivo contenía fotos, nombres y domicilios de los comunicadores. Se accedió al sistema mediante la cuenta de un extrabajador del gobierno.
Un precedente contra la libertad de prensa en EE UU
En un principio, un tribunal británico prohibió a Estados Unidos extraditar a Assange en 2021, argumentando problemas de salud mental y un mayor riesgo de suicidio. Esta decisión fue revocada en la apelación después de que los fiscales estadounidenses ofrecieran garantías destinadas a mitigar las preocupaciones sobre las duras condiciones en las cárceles de Estados Unidos, incluido el uso frecuente del aislamiento prolongado en el sistema, una práctica comparable a la tortura y que, según las investigaciones, tiene efectos nocivos, si no irreversibles, en la mente.
También consiguieron que los fiscales aceptaran no someter a Assange a la pena de muerte ni a lo que el país denomina “medidas especiales de administración”, práctica consistente en intervenir las llamadas telefónicas entre los presos y sus abogados para “impedir la revelación de información clasificada”.
Además, los fiscales acordaron no denegar a Assange, ciudadano australiano, la oportunidad de buscar una defensa en virtud de la Primera Enmienda, aunque no hay garantías de que lo consiga; la Ley de Espionaje de EE UU no distingue entre periodistas y no periodistas. En declaraciones recientes a Associated Press, Stella Moris, esposa de Assange y madre de sus dos hijos, consideró que las garantías de Estados Unidos estaban cargadas de “palabras evasivas”.
El editor en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó a los reporteros este mes que la cuestión de si Assange puede defenderse amparándose en su condición de periodista debería ser una simple pregunta que se responde con “sí o no”. Sin embargo, los fiscales han manifestado que la “aplicabilidad” de la Primera Enmienda es “competencia exclusiva de los tribunales de Estados Unidos”.
“Estados Unidos sencillamente no puede garantizar su seguridad y bienestar, como tampoco lo ha hecho con las cientos de miles de personas actualmente encarceladas”, comentó Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en justicia penal en Europa.