La readecuación de los centros penitenciarios es un componente crucial para mejorar la posibilidad de reinserción social de las personas privadas de su libertad. En el contexto de Paraguay, esta readecuación no solo es una necesidad urgente sino una oportunidad para abordar de manera efectiva los desafíos sistémicos dentro del sistema penitenciario. La importancia de estas reformas y la necesidad de una política penitenciaria mejorada en el país, es una deuda histórica con el ámbito poco relevante para la mayoría ciudadana, por ideas erróneas sobre castigos merecidos.

Readecuar significa estructurar los centros penitenciarios conforme los derechos y obligaciones emanados de las normativas y con los fines de ella derivadas.

Las condiciones deplorables en muchas prisiones son bien documentadas, con lo que no restan dudas sobre el mismo, por lo que mejorar estos espacios tiene alta relevancia para asegurar que los internos vivan en condiciones humanas y dignas, lo cual es un derecho fundamental. Espacios limpios, más cercanos a lo necesario para vivir y con servicios básicos,  son el primer paso para cualquier proceso de rehabilitación.

La inauguración de una nueva cárcel en Alto Paraná tiene propósitos teóricos aplaudibles, pues el hacinamiento es uno de los mayores problemas en las prisiones paraguayas, llevando a situaciones de violencia, insalubridad y tensión constantes, que no precisamente brindan una tranquilidad institucional y social.

Reducir el número de internos por celda puede mejorar significativamente la calidad de vida dentro de las prisiones y facilitar un entorno más propicio para la rehabilitación.

Para lograr una verdadera reinserción social, es primordial ofrecer programas de educación, formación profesional y terapias de rehabilitación, pues con el mero encierro no sirve de mucho. Las instalaciones actuales a menudo no están equipadas para albergar estos programas de manera efectiva, y todo queda en propósitos con logros mínimos. La readecuación permitiría la implementación de talleres, aulas y espacios recreativos necesarios para estos fines.

En ese sentido, un entorno más estructurado y seguro facilita la supervisión adecuada y la reducción de actividades delictivas dentro de los centros, pues de momento las organizaciones mafiosas tienen como base las cárceles y pese a barrotes y muros, operan en y desde ellas. Mejorar la infraestructura penitenciaria incluye modernizar sistemas de seguridad y vigilancia, lo que puede prevenir actos de violencia y mejorar la gestión interna.

Pero pese a concepciones sociales de restar humanidad a criminales, la política penitenciaria debe basarse en un enfoque de derechos humanos, asegurando que todas las personas privadas de libertad sean tratadas con dignidad y respeto. Esto incluye no solo condiciones de vida decentes sino también acceso a la salud, educación y rehabilitación. Esto tendrá mucho más beneficio para las comunidades que las privaciones y la barbarie practicada en los penales.

El mal permanente de tener un porcentaje significativo de la población carcelaria en prisión preventiva, obliga a rever igualmente códigos penales y procesales. Reformar las políticas para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva y fomentar alternativas como la libertad bajo fianza, el arresto domiciliario monitoreado realmente, pueden permitir una mejor gestión de los recursos.

Es imperativa la revisión y reforma de leyes y procedimientos judiciales para asegurar que la justicia sea más rápida y equitativa, más allá de los papeles. Procesos judiciales largos y complejos contribuyen al hacinamiento y a la ineficiencia del sistema.

Otra apuesta deberá ser aumentar la inversión en formación y contratación de personal adecuado y no a gente igualmente con mentalidad criminal y de lucro a expensas de la privación de libertad. Guardias, educadores, psicólogos y trabajadores sociales bien formados y suficientes son claves.

La reinserción no termina al salir de prisión, por lo que implementar programas de seguimiento y apoyo para los exinternos, facilitando su reintegración en la sociedad, ofreciéndoles oportunidades de empleo y acceso a servicios sociales, no es un error, pero sí una quimera actual, pero totalmente posible con voluntad.

El sistema de justicia penal debe tener el interés oficial, pues con ello se avanzará un peldaño más en seguridad y estabilidad social a largo plazo.