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El juez supremo Gino Yangali Iparraguirre recibió de manos de la presidenta peruana la Orden del Trabajo a principios de mes.
El pasado 1 de mayo la presidenta de Perú, Dina Boluarte, condecoró al juez supremo Gino Yangali Iparraguirre con la Orden del Trabajo, junto con otros ciudadanos, como el arqueólogo Walter Alva y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
Yangali preside la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lleva el recurso de casación presentado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contra la sentencia que le ordena el pago de casi 240.000 soles (unos 65.000 dólares) a Boluarte.
El premio ha generado polémica y críticas por haber sido concedido a una persona que está relacionada con un caso que involucra directamente a la presidenta, según recoge la prensa local.
Junto con la presidenta de la república, el ministro @DanielMaurateR otorgó la Condecoración de la #OrdenDelTrabajo a personalidades e instituciones que contribuyeron al mundo del trabajo voluntariamente en ámbitos como la generación de empleo, diálogo y formalización laboral. pic.twitter.com/oDUuYf0Dw1
— Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) May 1, 2024
El proceso judicial data de 2020, cuando Boluarte inició acciones legales contra el Reniec, donde había trabajado entre los años 2007 y 2015, solicitando compensaciones económicas por gratificaciones, vacaciones, escolaridad, tiempo de servicio y beneficios sindicales.
En dos fallos el Reniec fue condenado a pagar 239.674 soles a la actual mandataria. El recurso de este último fallo es el que está pendiente de resolución desde junio de 2022. El Reniec argumenta que se dio una interpretación errónea de la ley y que la cifra a pagar es excesiva.
La polémica también se alimenta porque en la misma ceremonia Boluarte entregó la Orden del Trabajo, el más alto honor del Estado en materia laboral, al titular del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Javier Arévalo.
La controversia surge en medio de una serie de investigaciones por parte del Ministerio Público contra Boluarte que, si bien todavía se encuentran en proceso de investigación fiscal, es previsible que en algún momento pasen a jurisdicción del Poder Judicial.