El texto explica que, durante el trámite de aprobación de la mencionada ley, el Congreso “incurrió en un vicio de procedimiento insunsanable”, ya que no realizó el análisis de impacto fiscal de la creación de dicha cartera, tal y como lo exige el artículo 7 de la ley 819 de 2003, en virtud de la cual se dictan, entre otras cuestiones, normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal.

En este sentido, asegura que la omisión “violó el artículo 151 de la Constitución”, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstas en las leyes orgánicas constituye un parámetro de constitucionalidad y validez.

No obstante, el alto tribunal señala que los efectos de la decisión quedan aplazados durante el término de dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024, detallando que, cuando la legislatura 2025-2026 concluya, la mencionada legislatura “dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.