José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional española, ha ordenado reabrir la investigación sobre la infección que los dispositivos móviles del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas sufrieran con el software Pegasus. Esta determinación surge a partir de nueva información facilitada por autoridades francesas.
El auto de reapertura, con fecha del martes 23 de abril, se fundamenta en una Orden Europea de Investigación emitida por las autoridades judiciales de Francia. Dicha orden se basa en una pesquisa realizada en ese país durante 2021, que reveló diversas infecciones en teléfonos de periodistas, abogados, figuras públicas y gubernamentales, así como miembros del gobierno francés, ministros y diputados, empleando el programa Pegasus.
El fabricante israelí de spyware deberá compartir más que solo la información sobre la instalación de su programa, que supuestamente se usó para espiar a 1,400 usuarios de WhatsApp durante un periodo de dos semanas.
Conforme a la documentación proporcionada por Francia, las autoridades de este país han entrado en contacto con la empresa Grupo NSO, con sede en Israel, la cual creó y comercializó Pegasus. Inicialmente, este software se destinaba al uso de organizaciones estatales y gobiernos para la vigilancia de personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.
Las autoridades francesas han solicitado ayuda judicial a Estados Unidos e Israel, dado que la empresa NSO rechazó ser responsable de las infecciones en los teléfonos. En el documento enviado por Francia se incluyen los “indicadores de compromiso” (IOCs), que son datos utilizados en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática. Los IOCs son una serie de datos que indican que un sistema ha sido comprometido y pueden abarcar direcciones IP, dominios, archivos maliciosos, patrones de tráfico y comportamiento extraño de los usuarios, entre otros.
El juez Calama afirma que es posible reabrir una causa cuando aparecen nuevos datos, y considera que la comparación de los elementos técnicos obtenidos en la investigación francesa con los analizados por el Centro Criptológico Nacional en los dispositivos infectados en España podría avanzar en la determinación de la autoría de los ataques.
Los investigadores afirman que trabajadores del gobierno armenio, periodistas y, al menos un funcionario de la ONU, fueron objetivo de la herramienta.
Como medida principal, el juez ordena la realización de un informe pericial por parte del Centro Criptológico Nacional para comparar los elementos técnicos recopilados en las investigaciones francesa y española. Esta comparación busca determinar la autoría de los ataques informáticos.
Una vez obtenido el resultado del informe pericial, se planea un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas. Esto incluirá el contenido de la información proporcionada por la empresa NSO Group sobre el control interno del software Pegasus y detalles adicionales sobre las investigaciones técnicas realizadas por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).
La colaboración entre autoridades judiciales francesas y españolas tiene como propósito determinar la autoría de las infestaciones realizadas a través de Pegasus en ambos países.
Tras conocer la decisión, el Partido Popular (PP) ha mostrado satisfacción por la reapertura de la causa por parte de la Audiencia Nacional. El PP ha criticado la falta de transparencia y colaboración del Gobierno español en este asunto, comparándola con la actitud de Francia, que demuestra mayor interés en esclarecer los hechos. Instan al Gobierno español a seguir el ejemplo de transparencia y colaboración de Francia con las autoridades judiciales en este asunto relevante para los intereses del país.