La frecuencia con la que el FBI consulta los números de teléfono o cuentas de correo electrónico de estadounidenses en la base de datos 702 es confusa. El FBI empezó a informar públicamente de esta cifra en 2021, dando a conocer el número total de ocasiones en que se realizaron estas búsquedas. Esa cantidad era de 2.9 millones. Desde entonces, el FBI “actualizó su metodología de recuento” para considerar solo las consultas únicas; por ejemplo, revisar el mismo número de teléfono en la base de datos varias veces al año cuenta ahora como una única búsqueda. Como resultado, al menos en parte, la cifra descendió a 119,383 al año siguiente. En 2023, con directrices más estrictas, se redujo aún más, a 57,094.
El año pasado, una inspección del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) concluyó que la tasa de cumplimiento del FBI rondaba el 98%, una cifra que Wray y otros oficiales de la agencia han pregonado con frecuencia en defensa del programa. Sin conocer el número exacto de consultas, es imposible calcular el número de búsquedas que incumplen las normas. Como mínimo, el FBI realizó más de mil búsquedas infringiendo sus propias políticas, que actualmente son obligatorias. Con su nuevo sistema de recuento, la cifra quizá sea mucho mayor. Solo el DOJ lo sabe.
En una declaración a principios de este año, el FBI afirmó que muchos de estos errores son el resultado de que sus empleados no etiquetan si una búsqueda, de hecho, tiene como objetivo a una “persona estadounidense”.
Aunque ha sido ampliamente criticado por los defensores de la privacidad y las libertades civiles, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE UU organizó una fiesta el miércoles por la noche para celebrar la reciente extensión del programa de vigilancia 702, según informan varias fuentes a WIRED.
Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y Jim Himes, miembro de mayor rango, enviaron invitaciones para anunciar una “celebración bipartidista” de la continuación del programa 702 la semana pasada. El evento, que los legisladores llamaron “FISA Fest”, se celebró en una sala de recepciones del Capitolio el miércoles por la noche.
Un vocero del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes no respondió a una solicitud de comentarios.
Turner y Himes contribuyeron decisivamente a conservar el acceso sin una orden judicial del FBI a los datos del 702. En innumerables “sesiones informativas” realizadas desde octubre, ambos instaron a los miembros de sus respectivos partidos a evitar restringir demasiado la autoridad del FBI. En lugar de ello, ambos legisladores promovieron los nuevos procedimientos diseñados por la propia agencia como un baluarte suficiente contra nuevos abusos.
Ganando por poco esa batalla el mes pasado, Himes y Turner trabajaron para acabar con una enmienda que habría obligado a los empleados del FBI a obtener órdenes de registro antes de revisar las comunicaciones de los estadounidenses incluidos en el programa. La enmienda, a la que se oponía la Casa Blanca de Biden, fracasó en una votación empatada, 212-212. En su lugar, los procedimientos del FBI, que actualmente forman parte de la ley 702, exigen que los empleados “acepten” expresamente el acceso a las intervenciones de las telecomunicaciones. También deben pedir permiso a un abogado del FBI antes de realizar “consultas por lotes” de la base de datos. Y las investigaciones sobre las comunicaciones de funcionarios electos, periodistas, académicos y personalidades religiosas se consideran ahora “sensibles” y requieren la aprobación de las instancias superiores de la cadena de mando.
Durante el fin de semana, el presidente Joe Biden firmó una ley que no solo reautoriza un importante programa de espionaje, sino que lo amplía de un modo que tendría importantes consecuencias para los derechos a la privacidad en Estados Unidos.
Un programa de vigilancia con límites poco claros
El Congreso de EE UU estableció la Sección 702 en 2008 para legitimar un programa de vigilancia existente dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) sin supervisión ni aprobación del mismo. El programa, con una delimitación más estricta en aquel momento, interceptaba comunicaciones que eran, al menos en parte, nacionales, pero incluían un objetivo que el gobierno consideraba un terrorista conocido. Al mismo tiempo que ponía la vigilancia bajo su autoridad, el Congreso ha contribuido a ampliar constantemente su alcance para abarcar una nueva serie de amenazas, desde la ciberdelincuencia y el tráfico de drogas hasta la proliferación de armas.
Aunque los defensores de la vigilancia de la Sección 702 suelen insinuar que los estadounidenses que son objeto de intervenciones se comunican con terroristas, una invención a la que el propio Turner dio crédito repetidamente este año, la acusación es dudosa. Oficialmente, la postura del Gobierno de Estados Unidos es que es imposible saber qué ciudadanos están siendo vigilados o incluso cuántos de ellos hay. El principal objetivo del programa 702 es adquirir “información de inteligencia extranjera”, término que abarca no solo el terrorismo y los actos de sabotaje, sino la información necesaria para que el gobierno lleve a cabo sus propios “asuntos exteriores”.