El proyecto de asfaltado de la Calle 2000 en Minga Guazú, que busca conectar los kilómetros 16 al 30 del lado Monday, permanece paralizado hace años en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según los vecinos afectados, el retraso obedece a las injerencias de la concesionaria Tape Porã, que considera esta obra una amenaza para los ingresos de su peaje en el kilómetro 26 de la ruta PY02. Y mientras los costos del peaje se incrementan progresivamente, pese al pésimo servicio ofrecido por la concesionaria, los vecinos ven que su calle se va convirtiendo en un vertedero clandestino, con montañas de basuras que “adornan” el paisaje.
Pese a los constantes pedidos de la comunidad y al respaldo institucional otorgado por la Junta Municipal y la Cámara de Diputados, el proyecto no ha avanzado. Los residentes denuncian que el MOPC ha “cajoneado a propósito” la iniciativa, cediendo a los intereses de Tape Porã.
La pavimentación asfáltica de la Calle 2000 no solo aliviaría el tránsito local, sino que también permitiría a los conductores evitar el pago del peaje en el kilómetro 26, algo que Tape Porã parece estar decidida a impedir. Actualmente, los residentes enfrentan altos costos para desplazarse debido a la tarifa de peaje, lo que afecta su calidad de vida y limita su movilidad.
Mientras tanto, la Calle 2000, aún de tierra, enfrenta problemas de abandono y deterioro. Los tramos entre los kilómetros 16 y 18 han comenzado a convertirse en vertederos improvisados, un problema agravado por la falta de acción estatal y las presiones económicas de la concesionaria.
FUERTES CUESTIONAMIENTOS
Tape Porã, que administra 140 kilómetros de la Ruta PY02 entre Caaguazú y Ciudad del Este, asegura ingresos millonarios mensuales provenientes de los peajes. No obstante, los usuarios denuncian que los tramos concesionados presentan serios problemas: baches, banquinas deterioradas, falta de iluminación y una señalización deficiente. Estas condiciones han provocado numerosos accidentes, especialmente en horario nocturno o en días de lluvia.
A partir de enero de 2025, las tarifas básicas de peaje aumentaron a G. 18.000, con un nuevo ajuste programado para julio del mismo año. Tape Porã argumenta que estos incrementos financiarán mejoras en la infraestructura vial, pero las evidencias sugieren lo contrario.
Además, la concesionaria ha sido señalada por negociados irregulares en colaboración con el MOPC, incluyendo la instalación de estaciones de servicio del emblema Integral (Grupo Bahía) en zonas de dominio público, sin las debidas expropiaciones. Estas estaciones, ubicadas en puntos estratégicos como el kilómetro 11 de Ciudad del Este, fueron construidas en circunstancias opacas que refuerzan las dudas sobre la transparencia de sus operaciones.
En tanto, la comunidad de Minga Guazú insiste en la necesidad urgente de que el proyecto de asfaltado avance. Este reclamo no solo representa una mejora para la movilidad local, sino también una lucha contra los intereses de lucro desmedidos de un grupo empresarial, que frenan el desarrollo.