El PSOE no tiene nada claro que vaya a lograr aprobar los Presupuestos de este año. Ahora mismo las expectativas no son altas, pero los colaboradores de Pedro Sánchez evitan poner más piedras en el camino de una negociación ya de por sí muy compleja. Como en casi todas las iniciativas económicas en esta legislatura, la dificultad se encuentra en la absoluta dependencia de todos los aliados del Gobierno a la hora de sacar adelante cualquier ley en el Congreso. Poco tienen que ver en este terreno grupos como Junts y Podemos, o ERC y el PNV. Así que los socialistas se esfuerzan ahora por despejar escollos ante un proyecto que le permitiría a Sánchez blindar su mandato y llevarlo sin especiales problemas hasta 2027.
El caso más claro se sitúa en la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, representante de Sumar en el Ejecutivo. El socio minoritario del Gobierno, en horas bajas tras sus malos resultados en las distintas elecciones celebradas el pasado año (gallegas, vascas, catalanas y europeas), necesita sacar adelante la iniciativa para recobrar oxígeno.
El pacto de coalición establece claramente que la reducción tiene que entrar en vigor en 2025, lo que implica que deba ser aprobada cuanto antes para su posterior tramitación en el Congreso. Díaz tiene prisa. El PSOE no. Entre otros motivos, porque necesita a los siete diputados de Junts. “Nadie puede dar por hecho el apoyo de Junts”, señaló el jueves el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien se entrevistó en diciembre con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).
Una “mala persona”
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se sentó el viernes ante los micrófonos de RNE. No ahorró en críticas contra su socio en la coalición. En especial, contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que defiende una aplicación gradual de la reducción de la jornada laboral, dando más tiempo a las empresas para que puedan aplicar la reforma, aunque eso suponga no cumplir con el acuerdo de coalición. “Vuelvo a ser la única a la que se le invaden las competencias. Imagínese que yo ahora dijera lo que pienso de las prácticas bancarias que se autorizan desde el Ministerio de Economía, cosa que no hago”, dijo Díaz, que llegó a llamar a Cuerpo “mala persona”.
Sus palabras sentaron mal en el entorno de Sánchez, donde se daba por hecho que la vicepresidenta iba a elevar el tono. Pero no tanto. Aun así, las reservas en la Moncloa no son solo de índole económica por el impacto en las empresas de una reducción de la jornada ya pactada con los sindicatos. Los socialistas también alegan motivos políticos. Temen que Junts, que junto al PNV votó hace un par de semanas con el PP y Vox en contra de los impuestos a las energéticas, se alinee con los empresarios para vetar la iniciativa laboral. Así que el PSOE pisa el freno, temeroso de una nueva derrota parlamentaria que también puede torpedear los Presupuestos en un momento en el que las relaciones con Puigdemont se encuentran en horas bajas.
La transferencia de migración
Sánchez, de momento, ha lanzado dos mensajes sobre las cuentas públicas de este año: las presentará en el primer trimestre y no adelantará las elecciones generales aunque no salgan adelante. Pero sus colaboradores, aunque transmiten tranquilidad porque no hay en el Congreso una “mayoría alternativa” que pueda desalojar al presidente de la Moncloa a través de una moción de censura liderada por Alberto Núñez Feijóo, sí reconocen que la presión para dar por terminada la legislatura será mucho más difícil de combatir sin Presupuestos.
El PSOE y Junts llevan meses negociando la cesión de las competencias de migración a Catalunya, prometida por el Gobierno a cambio de la abstención de los posconvergentes en tres decretos ley a principios del año pasado. El acuerdo se está demorando, con la gestión del NIE (equivalente a un DNI para los extranjeros) entre los principales obstáculos, como adelantó EL PERIÓDICO. Sin un pacto en esta compleja materia, resultará muy difícil encarar la negociación de los Presupuestos, que también cojean por la posición de Podemos. Los morados exigen reducir por ley los alquileres en un 40% y romper relaciones con Israel, algo que el Ejecutivo rechaza de plano. El camino, con o sin reducción de la jornada laboral, está plagado de escollos.
Mientras tanto, Sánchez se prepara para intentar recuperar la iniciativa, tras varios meses lastrado por los procesos judiciales que afectan a su mujer, Begoña Gómez; a su hermano, David Sánchez; al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Habrá a corto plazo importantes anuncios en vivienda, una materia que el presidente considera “prioritaria” en la legislatura. Y este miércoles se celebrará el primer gran acto por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, al que no acudirá el Rey, por motivos de agenda, ni Feijóo, porque según confesó el líder del PP hace unas semanas le da “pereza”.
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