El PP no apoyará la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno lleva este martes al Congreso. El partido de Alberto Núñez Feijóo insistió en los últimos días en sus condiciones para cambiar de posición -la mayoría de las CCAA del PP eran muy reacias- y tras un intercambio de mensajes entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, fuentes de Génova reconocen que el texto no cumple con sus exigencias. La puerta, ahora sí, parece cerrada definitivamente. Desde el Gobierno aseguran que “en ningún momento” han trasladado al PP “el no a negociar sus peticiones”.
En el entorno de Feijóo insisten en que “el tono ha sido más que correcto”, pero hacen hincapié en que “el texto no es el nuestro” y “si no aceptan las condiciones”, afirman, “no podemos ayudarles”. En el PP aseguran que el ministro Torres ha dado por hecho que sacarán adelante la toma en consideración de la reforma -es el primer paso parlamentario- por lo que dan por hecho que Junts finalmente entrará en la ecuación. No hay otros números posibles sin el PP. El partido de Carles Puigdemont se había opuesto a la reforma públicamente hasta ahora. E incluso ERC, que gobierna en la Generalitat, rechazó el reparto de menores migrantes hace días en la conferencia sectorial de Santa Cruz de Tenerife.
Precisamente, este lunes se reúnen las comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial que encabezará esta vez la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Sobre la Conferencia de Presidentes que reclaman los conservadores, en el Ejecutivo aseguran que “hay cosas” -en referencia a esta ley- “que pueden tratarse y acordarse en el debate parlamentario”.
El no del PP a la ley era, en realidad, lo previsto. La posición de rechazo se venía asumiendo desde hace días, sobre todo por la fuerte oposición de las comunidades autónomas. Como publicó El Periódico de España hace dos semanas los territorios gobernados por el PP -y especialmente los más afectados por el fenómeno migratorio irregular, que son Andalucía, La Región de Murcia y Comunidad Valenciana, más allá de Canarias y Ceuta- explicaron a la dirección nacional su posición. En ese momento el debate se centraba en la derivación de los menores migrantes que continuaban en las islas a la espera de una solución humanitaria.
El debate fue intenso, en gran medida, por el socio de coalición en varios casos: Vox. Pero los presidentes autonómicos se comprometieron a aceptar el reparto, dejando claro que la reforma de la Ley de Extranjería -que pretende agilizar ese reparto de los menores cuando Canarias esté colapsada, como ocurre ahora, permitiendo al Gobierno derivar a los migrantes hacia otros territorios- no la veían en absoluto.
Tras confirmar la aceptación del reparto de menores previsto para este 2024, Santiago Abascal siguió adelante con su órdago y ordenó romper los ejecutivos autonómicos. Después de eso, el PP insistió en que solo cambiaría su posición sobre la reforma legal si el Gobierno aceptaba sus condiciones, que remitieron por escrito al Gobierno.
Como publicó hace unos días este diario, a pesar de todas las exigencias había tres fundamentales. Las que realmente el PP reclamaba para apoyar la modificación de la ley. Primero, que el Ejecutivo pusiera “espacios físicos” e infraestructuras propias en las CCAA porque hay territorios que ya tienen sus instalaciones colapsadas y otras directamente no tienen medios.
Segundo, que se extendiese la declaración de emergencia nacional a todo el territorio y que no hable solo -como ahora- de Canarias, Ceuta y Melilla. El motivo es que aunque las islas son la puerta de entrada de los migrantes -menores y también adultos- hay otras zonas que también han rebasado el límite de su capacidad y pueden necesitar la derivación a otros lugares. Y, por último, que el Ejecutivo hablara directamente con los presidentes autonómicos que deben gestionar a esos menores migrantes.
Lo que traslada el PP es que esas condiciones -después de hablar con el ministro Torres- no se cumplían y, por tanto, “no darían un cheque en blanco”. Fuentes del Gobierno, sin embargo, aseguran que la urgencia de la tramitación vía proposición de ley responde a las necesidades de Canarias, donde también gobierna el PP, y aseguran que no cierran la puerta a que la emergencia se traslade a otros territorios. También aseguran que la propuesta no excluirá a ningún territorio tras las dudas planteadas por el PP acerca de si Cataluña entraría en el reparto.