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En junio se destinaron 58 millones de dólares a acciones de inteligencia contra actividades ilegales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los mineros ilegales siguen arrasando los territorios.
Una de las prioridades del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al llegar al poder era terminar con la minería ilegal en territorios pertenecientes a pueblos originarios. Para conseguirlo lanzó varias operaciones, mediante las que se expulsó a miles de mineros que, desafiando al Gobierno, fueron regresando.
Un estudio realizado por Greenpeace Brasil y recogido este lunes por el diario Folha de S. Paulo, señala que, entre enero y junio de este año, la minería devastó 417 hectáreas en las tierras indígenas de Kayapó, Munduruku y Yanomami, lo que equivale a unos 584 campos de fútbol.
Las cifras, según la organización, alertan de que, a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, todavía queda mucho por hacer. La tierra indígena de Kayapó es una de las más afectadas, luego de perder 227 hectáreas por actividades ilegales. Sin embargo, en comparación con el mismo período de 2023, hubo una caída del 60,18 %.
En las tierras yanomamis, arrasaron 169,6 hectáreas en los primeros seis meses del año; no obstante, si se contrasta con las alertas recibidas en 2023, la reducción fue del 5,92 %. En tierras de los Mundurukú, se destruyeron 20,2 hectáreas.
“Expulsión total”
El portavoz del Frente de Pueblos Indígenas de Greenpeace, Jorge Eduardo Dantas, recordó que una de las grandes demandas de los pueblos originarios es “la expulsión total de los ‘garimpeiros’ [mineros ilegales] de sus tierras”.
En junio, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social destinaron 58 millones de dólares al Plan Amazonia: Seguridad y Soberanía (AMAS), un proyecto focalizado en acciones de inteligencia para identificar actividades ilegales en la zona.
Entre los objetivos del AMAS se encuentra la creación de un Centro de Cooperación Policial Internacional (CPPI) en Manaos, capital del estado de Amazonas, que contará con agentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
Durante la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa, Lula pidió “menos burocracia” y más “rapidez” en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal, que destruyen la mayor selva tropical del mundo.