El viernes 12 de abril pasado, la Policía Federal Argentina (PFA) capturó en Buenos Aires a los supuestos epepistas José Mariano Villalba Ayala, de 55 años; sus hermanas María Rosa Villalba Ayala, de 45 años; y Myrian Viviana Villalba Ayala, de 44 años, así como la hija de María Rosa, Tania Tamara Villalba Ayala, de 22 años.
José Mariano es buscado en Paraguay por el secuestro de Luis Lindstron, ocurrido en 2008, en tanto que María Rosa, Myrian Viviana y Tania Tamara están imputadas recién desde este año por asociación terrorista, en hechos punibles atribuidos al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La captura de los epepistas en Argentina fue anunciada con bombos y platillos aquella tarde por el Gobierno de Paraguay, pero solo horas después, a la noche, el ministro del Interior Enrique Riera fue el responsable de dar la cara por el tremendo papelón que habían pasado.
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Resulta que, había sido, todos los epepistas gozaban y gozan hasta ahora de la condición de refugio político, por lo que fueron liberados inmediatamente y siguen siendo intocables.
En ese momento, hubo acusaciones mutuas entre las autoridades de Argentina y Paraguay, quienes se reclamaban que tenían que haber sabido y avisado del status que les habían conferido a los prófugos.
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Obviamente, nadie investigó esa situación antes de pedir o autorizar las capturas.
Mensaje político
Al día siguiente, el sábado 13 de abril, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Billrich, en un mensaje más político interno que otra cosa, escribió en sus redes sociales que los paraguayos “tienen alerta roja de Interpol y por eso se les debe retirar el refugio, encubrimiento kirchnerista”.
También advirtió que “nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas de sus delitos”.
Luego, el 6 de junio pasado, la ministra argentina ratificó que “todas las personas vinculadas al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y que cuentan con estatus de refugiados políticos en Argentina perderán esta protección”.
Fue nada menos que en Asunción, en una reunión con su homólogo Enrique Riera y con los familiares de víctimas de los terroristas.
“El Gobierno argentino, a través de la Comisión Nacional de Refugiados, ha decidido sacarle el estatus de refugiados a aquellas personas que no están por cuestiones políticas, sino que han generado actos criminales en sus países, en este caso, estamos hablando de los miembros del EPP”, prosiguió la ministra, lo que le devolvió ciertas esperanzas a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, hasta ahora los epepistas refugiados en Argentina siguen campantes allá.
En nuestro país, hay cierto temor a que suceda lo mismo que con Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, buscados por el secuestro de María Edith de Debernardi, ocurrido entre 2001 y 2002.
Los tres prófugos, cuando iban a ser enjuiciados en nuestro país, huyeron a Brasil, donde consiguieron refugio político.
Luego de 15 años, 6 meses y 13 días, perdieron su condición de refugiados en Brasil. Fue en 2019.
Cuando el Gobierno de Paraguay quiso traerlos, huyeron a Uruguay.
Cuando nuestras autoridades se movieron de nuevo, Arrom, Martí y Colmán escaparon a Finlandia, donde están de nuevo con refugio.