La Contraloría General de la República (CGR) confirmó ayer que ya en abril último dio un cierre a las verificaciones que venía realizando al fallido contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar) con la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, para la compra de gasoíl por más de US$ 51 millones.
Desde el departamento de comunicaciones del ente de control informaron a este diario que las verificaciones se cerraron sin la apertura de una auditoría, porque el caso se judicializó, lo que significa que ni siquiera investigaron los indicios de corrupción que fueron denunciados en la fracasada contratación de la petrolera pública.
Según los datos proveídos por la CGR, el 10 de abril último la dirección jurídica de Petropar envió un informe sobre la judicialización del caso y que desde ahí “todo quedó a cargo de Petropar”. El cierre de las verificaciones de la CGR se concretó a través de un memorándum interno, al cual quisimos acceder, pero desde la institución nos indicaron que el escrito no se puede socializar.
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La verificación estuvo a cargo de la Dirección de Contrataciones de la CGR, cuyo titular es Paul Ojeda, quien evitó opinar sobre el trabajo que realizó, desde el inicio de las verificaciones.
Al cancelarse el contrato de Lafarja, oficializado en noviembre de 2023, la CGR realizó un pedido de informe que fue respondido por Petropar, y según se informó en su momento, el ente de control analizó los documentos, pero al comunicar la petrolera pública sobre la judicialización, el ente de control cerró el caso.
Justamente, Petropar “demandó” en diciembre del año pasado a la firma AP SA, en un juzgado civil y comercial de la capital, para poder cobrar la garantía por US$ 1,5 millones, tras la fallida compra de gasoíl. El 13 de febrero último el juez que lleva el caso admitió la demanda, pero la estatal ya no hizo las gestiones para que el juicio pueda avanzar.
DNCP “sancionó” a firma de Lafarja también sin profundizar investigación
El 3 de abril último, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había sancionado con una inhabilitación por cinco meses a la empresa de Lafarja, tras la realización de un sumario, pero dicha institución tampoco investigó a profundidad las denuncias que recibió.
Tanto la DNCP como la Contraloría no investigaron los indicios de direccionamiento que fueron denunciados, ni tampoco verificó la existencia de una sede de dicha empresa, cuya dirección que figura en el portal no le correspondía. En el contrato de Petropar hasta hicieron figurar una ubicación que no pertenecía a la empresa (Mariscal López Nº 1955), la cual estaba coincidentemente en inmediaciones de Mburuvicha Róga.
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La DNCP incluso recibió denuncias que solicitaban investigar la experiencia de AP SA en la comercialización de combustibles e incluso verificar si dicha firma cuenta con licencia comercial y/o patente municipal, entre otros puntos, que no se indagaron.
La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras o reparación de acondicionadores de aire. Según los documentos el patrimonio de AP SA era de solo de US$ 915.021, pero aún así Petropar quiso comprar diésel de esta compañía por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.