Las obras públicas representan un pilar fundamental para el desarrollo y bienestar de las comunidades. Cada infraestructura construida, ya sea una carretera, un puente, un centro educativo o sanitario, debe responder a los estándares más altos de calidad siempre. En tal sentido, es imperativo que las municipalidades asuman su responsabilidad de ejecutar proyectos eficientes, duraderos y transparentes, sin dejar espacio para irregularidades que comprometan los recursos públicos y, sobre todo, el beneficio directo de la ciudadanía.

Un ejemplo claro de lo que no debe ocurrir es la situación que se vivió en el municipio de San Alberto, Paraguay, donde salieron a la luz serias irregularidades en obras públicas, puntualmente en el derrumbe de obra para puesto de salud. Este tipo de casos no solo representan un uso indebido de fondos destinados al progreso, sino que también generan desconfianza en la población hacia las autoridades locales, pues deja en evidencia que hay preferencia por la negligencia administrativa.

La calidad en las obras públicas no es una opción, sino una obligación. Cada guaraní invertido pertenece a los ciudadanos y debe traducirse en mejoras palpables en su calidad de vida. Las municipalidades tienen el deber de asegurarse de que las empresas contratadas cumplan con estándares técnicos adecuados, que los materiales utilizados sean de buena calidad y que las supervisiones sean rigurosas e imparciales. No hay excusas, y minimizar irregularidades es vestirse directamente de cómplice.

Y ante la generalización de mediocridad en las instituciones municipales del Alto Paraná, es esencial fomentar mecanismos de control social, donde la ciudadanía pueda vigilar y exigir la correcta ejecución de los proyectos. La rendición de cuentas debe ser una práctica constante y no una mera formalidad como en la actualidad, pues las Juntas Municipales se someten a los intendentes de turno a cambio de dádivas.

Los organismos de control deben ejercer de veras su papel en la fiscalización y sanción de aquellas irregularidades que comprometan el interés público. Lo ocurrido en San Alberto debe servir como un llamado de atención a todas las municipalidades del país. Es muy simple si en verdad se quiere cumplir con deberes y obligaciones desde ejecutivos municipales. Y por si no prime la voluntad, existen normas de responsabilidades que deben ejecutarse, pues la ineficiencia, la natural y la premeditada, son penables.

No hay excusas válidas para justificar obras defectuosas o presupuestos inflados. El compromiso con la excelencia, la transparencia y el respeto por los recursos públicos debe ser el eje rector de toda gestión municipal. Solo de esta manera se podrá recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un Paraguay donde cada obra pública sea sinónimo solución real y sostenible. Nunca algo no correcto puede ser considerado como “poca cosa”. El interés general es innegociable, y ya es hora que todos los actores políticos entiendan obligaciones.