Diversos componentes originan la inseguridad, pero entre ellos lo fundamental es la desidia oficial que solo se vale de intentos constantes sumamente superficiales de hacerle frente.

Si el contexto sigue siendo que la ciudadanía sobreviva con temor, y de manera anormal, confirma que no se concretó plan alguno desde la instancia institucional que modifique esa realidad.

Es una afrenta para la ciudadanía honesta que los delincuentes marquen el ritmo de vida de privaciones y terror.

Pese a la existencia de una policía medianamente preparada, son los malvivientes que los que dictan el día a día de casi toda la región.

Ni siquiera las puertas con barrotes, ventanas de hierro, portones con triples candados, imposibilitan a malvivientes actuar de día y de noche. Esto es señal clara que no precisamente se habla de una gran seguridad o buen rendimiento de las fuerzas del orden.

Robos repetitivos a transportadores, es otro punto llamativo, pues se supone que al ser reiterados, se tendría que elaborar estrategias básicas para contrarrestarlos.

De momento resalta el pobre esfuerzo de combatir a la delincuencia menor y especializada, desde la alta esfera gubernamental, que solo sabe cambiar a las cabezas de manera constante y sin efecto positivo sustancial.

La inoperancia policial tiene un responsable, y es la poca voluntad de comandantes, directores y del mismo Ministro del Interior, en elaborar estrategias serias que conduzcan al menos en generar la sensación de seguridad.

Si existe capacidad propia de al menos elaborar un plan concreto, es momento de ponerlo en práctica y no solo esto de “rotar” a jefes departamentales del estamento.

Guardias privadas y ciudadanas son medios que dan una mínima sensación de seguridad para firmas y organizaciones civiles, resaltando la importancia de los mismos para la Policía Nacional, pues si no operaran, ahí sí sería el caos.

Esta realidad persistente de dominio de la marginalidad que dicta forma de vida de la población, debe impulsar a la ciudadanía a exigir que se brinde una protección medianamente aceptable.

Es un derecho ciudadano contar con seguridad, pues en el contrato social se concede restricciones a cambio de ese servicio, por lo que dejar de exigir solo fortalece a las verdaderas plagas invasoras.

Los que osen atentar contra bienes materiales y personales, no pueden pasearse libremente y ser beneficiados con la impunidad, evadiendo controles y sanciones.

Hay que separar buenos de malos, y restablecer una sociedad con exponentes menos enfermos, y es ahí donde la acción debe ser determinante de las fuerzas del orden.

No es menos cierto que otros engranajes fundamentales como el Poder Judicial, deben pasar a ser una herramienta útil para plantear un mañana mejor, pues es inconcebible que impartidores de justicia sigan comercializando sentencias livianas y libertades irregulares. Sin dudas, una institución policial menos corrupta, será estímulo para revitalizar los cuadros policiales que por décadas ha sido objeto de manoseos y menoscabos de la superioridad.

Cambiar por cambiar es una acción meramente coyuntural nada sustancial, puro onanismo.

La delincuencia existe no por culpa del Gobierno de Santiago Peña, pero sí es su responsabilidad única el actual predominio.