El fiscal Manuel Rojas Rodríguez formuló acusación contra siete presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a introducir drogas peligrosas y bebidas alcohólicas en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Entre los acusados se encuentran el exdirector de la cárcel, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, y el entonces coordinador general, Francisco Javier Ramírez Torres, quienes supuestamente permitían el ingreso de grandes cantidades de estos productos ilegales.

Asimismo, fueron acusados Leonardo Araujo Viera y Jorge Darío Mendoza Penayo, que presuntamente se encargaban de transportar las sustancias prohibidas hasta la prisión. El requerimiento también incluye a los reclusos libaneses Ali Issa Chamas y Ali Fouani, así como al brasileño Diego Pedro Barcik, quienes formaban parte de la organización delictiva encargada de adquirir drogas y bebidas para su introducción al establecimiento penitenciario.

Los entonces responsables de la cárcel enfrentan cargos por complicidad de funcionario público en el suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal. Por su parte, Araujo y Mendoza se enfrentan a cargos por tenencia sin autorización y suministro de estupefacientes en lugares de prisión.

Los reclusos extranjeros, a su vez, fueron acusados por tenencia, suministro y comercialización sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión, en concurso con asociación criminal para cometer delitos contra la Ley de Drogas.

Según los antecedentes, Ali Chamas, Ali Fouani y Diego Barcik se habrían organizado con el fin de adquirir, ingresar, distribuir y comercializar estupefacientes y otros productos prohibidos dentro de la cárcel regional. Se presume que Ali Chamas lideraba el grupo, mientras que Ali Fouani coordinaba las actividades como «socio comercial» del primero, y Diego Pedro Barcik se encargaba de la adquisición de las sustancias y de la logística para su ingreso al penal.

El grupo contaba con otros miembros que operaban fuera de la penitenciaría, como Araujo Viera y Mendoza Penayo, quienes preparaban y ocultaban los productos prohibidos entre paquetes de otras mercancías (bebidas y comestibles) para llevarlos al reclusorio en una furgoneta. La entrada de este vehículo era autorizada y controlada por el director Lombardo y el coordinador Ramírez Torres.

El caso se descubrió el 11 de diciembre de 2023, alrededor de las 17:00 horas, cuando la furgoneta de marca DFSK, color blanco, matrícula AABM 192, conducida por Jorge Mendoza y con el acompañamiento de Leonardo Araujo, ingresó por el portón de entrada a la prisión.

Agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional recibieron información confidencial sobre el hecho y comunicaron al fiscal penal de turno, Alcides Giménez. A pesar de que la fuerza pública y el representante del Ministerio Público acudieron al lugar para intervenir, no pudieron ingresar debido a la negativa de las autoridades penitenciarias.

Durante ese tiempo, los acusados aprovecharon para depositar las bebidas en diferentes celdas y ocultar las drogas en lugares de difícil acceso, con la intención de que la comitiva solo encontrara las bebidas y no los narcóticos. Parte de las mercancías fue escondida en el cielorraso de la celda «VIP» del grupo liderado por Ali Chamas, donde también operaban otros negocios (barbería, bar, restaurante, etc.).

Finalmente, el caso fue informado al fiscal Manuel Rojas, quien allanó la prisión junto con la juez de Atención Permanente, Paola Nagele, en la madrugada del 12 de diciembre de 2023. Durante la intervención, se logró incautar 4 kilos y 940 gramos de marihuana en diversas presentaciones y dosificaciones, además de bebidas alcohólicas y otras evidencias que formarían parte de un cargamento mayor ingresado el día anterior. Además, se produjo la detención de los involucrados.

Tras concluir el plazo de investigación, el fiscal Rojas Rodríguez acusó a todos los involucrados y solicitó que sean llevados a juicio oral. Además, pidió el sobreseimiento definitivo del guardiacárcel Héctor Mendoza Báez al comprobarse que no tuvo participación en los hechos. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 1, a cargo de la magistrada Teresita Cazal.