La criptominería ilegal en Paraguay ha generado varios problemas y daños significativos que afectan tanto al medio ambiente como a la economía del país. En comunidades del Paraguay, que es cierto cuenta con abundante energía hidroeléctrica, se ha visto afectado por el uso excesivo del mismo para la minería ilegal. La sobrecarga en la infraestructura eléctrica puede llevar a más cortes de energía, lo que perjudica a la población en general y al desarrollo industrial del país.

Además, el uso intensivo de equipos de minería genera calor y contaminación acústica, afectando el entorno inmediato. La criptominería ilegal evade impuestos y contribuciones que deberían ingresar a las arcas del estado, lo que representa una pérdida significativa de ingresos fiscales. Además, el uso ilícito de la energía eléctrica implica un costo económico para las compañías eléctricas y, en última instancia, para el gobierno y los ciudadanos.

La demanda excesiva e incontrolada de electricidad puede provocar sobrecargas y fallas en el sistema eléctrico, con lo que no solo afecta a la red eléctrica, sino que también causa daños a largo plazo en la infraestructura, incrementando los costos de mantenimiento y reparación. La operación de este rubro, a menudo está vinculada con actividades ilícitas, como el lavado de dinero y otras formas de delincuencia organizada.

Esto crea un entorno de inseguridad y corrupción, dificultando la labor de las autoridades para mantener el orden y la legalidad. La Fiscalía tiene un rol crucial en la lucha contra la criptominería ilegal en Paraguay. No tolerar estas actividades no es opcional. La tolerancia a la criptominería ilegal corroe el estado de derecho. La Fiscalía debe perseguir y sancionar estas actividades para demostrar que nadie está por encima de la ley y que las leyes se aplican de manera justa y equitativa.

El Ministerio Público debe actuar en defensa del interés general, protegiendo los recursos del estado y los derechos de los ciudadanos. Al perseguir la criptominería ilegal, se protege el suministro de un servicio básico y se asegura que los recursos del país se utilicen de manera adecuada. La intervención fiscal objetiva es esencial para prevenir los daños económicos y ambientales que derivan de la criptominería fuera de lo normativo. La minería digital no legal es un delito, que como tal debe tener la atención de los estamentos de seguridad, no la complicidad.

Los agentes fiscales deben desempeñar un papel activo en la erradicación de estas prácticas, protegiendo así el medio ambiente, la economía, la infraestructura del país y el estado de derecho. Todos quienes tienen vínculos con lo ilícito deben recibir las sanciones pertinentes, incluso si tienen a fiscales como tales. La impunidad es uno de los males que socaban perspectivas de seguridad jurídica.