Con la finalidad de proteger la integridad del sistema eléctrico y garantizar la regularidad en la distribución, transmisión y suministro de energía eléctrica, fue anunciada en conferencia de prensa hoy, la promulgación de la Ley N° 7300 “Que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho hecho punible y modifica el Art. 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal”.

Esta Ley tiene como objetivo principal proteger la integridad del sistema eléctrico del país, estableciendo penas más severas para aquellos que se dediquen a la sustracción ilegal de energía eléctrica, elevando de 3 a 10 años la expectativa de pena privativa de libertad y establece la incautación y comiso de los bienes utilizados para estas actividades ilícitas.

Durante la conferencia, el Ing. Sosa contextualizó el motivo de la modificación de esta Ley, mencionando que a partir del año 2020 se instalaron masivamente en el país establecimientos dedicados a la criptominería, por un lado las instalaciones legales que han solicitado a la ANDE energía eléctrica y paralelamente las que se han instalado en forma irregular, siendo en su mayoría provenientes de China.

También resaltó que desde entonces se trabaja para definir un grupo de consumo específico para este tipo de actividad, el cual se estableció en el año 2022, fijando la tarifa en dólares y aplicando la tarifa técnica correspondiente a este grupo. En cuanto a las conexiones ilegales, destacó que se implementó una campaña vigorosa y una lucha frontal contra estas prácticas ilícitas, contando con el apoyo del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y, en algunos casos, las Fuerzas Armadas de la Nación.

El titular de la ANDE informó que a raíz de estas intervenciones, se realizó la denuncia de 78 casos de conexiones ilegales de gran magnitud, resultando en la incautación de más de 10.000 procesadores de datos para la generación de criptomonedas en 21 intervenciones y 52 transformadores de distribución en 27 intervenciones.

A pesar de estas acciones, la falta de penas adecuadas permitió que los responsables eviten la cárcel, por lo que el Poder Ejecutivo buscó una herramienta legal que pueda dar mayor efectividad en esta lucha contra las conexiones irregulares de gran magnitud.

El Ing. Sosa agradeció al Congreso por el tratamiento urgente de esta Ley, reconociendo la necesidad de proteger uno de los recursos más valiosos del país: la energía eléctrica, subrayando que la Ley no busca criminalizar la criptominería en sí, sino atacar las prácticas ilegales, consistentes en la sustracción de la energía eléctrica que perjudican al Estado paraguayo, a la ANDE en sus finanzas y a los clientes en la calidad del servicio eléctrico.