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El Gobierno y el Congreso del Perú han criticado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su recomendación sobre la ley aprobada en el Congreso el pasado 4 de julio que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. La presidenta interina Dina Boluarte y el presidente del Poder Legislativo escribieron una carta de rechazo a la presidenta del tribunal. Según la propia Fiscalía de la Nación, la iniciativa afectará a 550 víctimas cuyos casos serán archivados.