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TN PRESS

Clausuran comercio usurpado por árabe en CDE tras constatarse que contrato “se firmó” con un muerto

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  • SU CONTRATO FUE CON UNA PERSONA QUE FALLECIÓ EN EL 2010, Y LA INTENCIÓN ES QUEDARSE CON UNA PROPIEDAD AJENA EN EL BARRIO SAN JOSÉ.
  • UN JUICIO DE DESALOJO QUE YA TUVO SENTENCIA FAVORABLE PARA LA DUEÑA EN PRIMERA INSTANCIA, FUE APELADO, Y “DUERME” EN EL DESPACHO DEL PREOPINANTE DESDE AGOSTO DEL AÑO PASADO.

La clausura del local fue consecuencia de la intervención municipal al constatarse la existencia de documentos falsificados en el expediente de la solicitud de patente comercial, según confirmaron desde la propia Municipalidad de Ciudad del Este.

La institución comunal, ante esta situación, se vería obligada a comunicar el hecho al Ministerio Público, teniendo en cuenta de que podría estar ante un caso de producción de documentos de contenido falso, aunque la verdadera dueña ya lo hizo.

El extranjero en cuestión se trata de Houssam Alzir, o Hooussam Idi, ya que, utiliza estas dos identidades, y el salón comercial en cuestión se encuentra en las cercanías del Colegio San José, en el barrio del mismo nombre.

El principal problema al que se enfrenta el ciudadano libanés, es que según el documento que presentó, la persona con quien se “firmó” el contrato de alquiler, ya había fallecido en el año 2010.

La verdadera dueña de la propiedad se trata de María Nimia Romero Gaona, quien ya había instaurado un juicio de desalojo contra el anterior ocupante, Julio César Núñez Sosa, obteniendo sentencia favorable.

Sin embargo, antes de la ejecución del desalojo, apareció este ciudadano libanés y abrió en el lugar un local de comidas rápidas, teniendo como socio a un sujeto de nombre Junior Borja, que a la vez, es sobrino de Julio César Núñez Sosa.

El propio Núñez Sosa fue a la Municipalidad a gestionar la patente comercial, presentando un contrato privado con un supuesto dueño, de nombre Bernardo Vaceque Bogado, y presentando datos totalmente distintos de la propiedad, como número de Lote, Manzana, y Cuenta Corriente Catastral. 

Lo que agravó más aun la situación, es que en el contrato privado concedido por el anterior ocupante Núñez Sosa, el 18 de abril de 2024, figura que lo hace conjuntamente con el ciudadano identificado como Bernardo Vaceque Bogado; quien, luego se comprobó, falleció en Asunción el 9 de setiembre del 2010; o sea, casi catorce años antes de la firma del contrato.

Se tratan de varios hechos punibles que deben ser investigados en conjunto, y la causa ya se encuentra en la unidad del fiscal Luis Trinidad, quien ya tiene en la carpeta la copia autenticada del certificado de defunción de la persona que “firmó” el contrato cuatro años después de haber muerto, pero aún no procedió a imputar a ninguno de los involucrados en esta burda farsa.

EL DESALOJO APELADO

ESTÁ BIEN CAJONEADO

De acuerdo a los datos a los que accedió este diario, María Nimia Romero Gaona, había promovido un juicio de desalojo que tuvo sentencia favorable, pero fue apelado por el “invasor” de su propiedad. Esa apelación, está en segunda instancia con el preopinante Roberto Macorito desde agosto del 2023, y llamativamente está por cumplir un año de “cajoneo” en el despacho del magistrado de alzada, sin que el mismo se digne en emitir su preopinión para que el juicio pueda seguir su curso, y la verdadera dueña pueda recuperar su propiedad.






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