Algo repetido en los diferentes puntos cardinales del país, tiene que ver con las denuncias sobre persecuciones, a intendentes de municipios o gobernaciones bajo mando de la oposición al Partido Colorado, con connotaciones diversas, y con mucho de propósito político electoral. En el mismo rigor se encuentran las sanciones en diputados y senadores a quienes no comulgan con el oficialismo, y hasta en esferas del Ministerio Público, donde la rapidez de consecuencias es mayormente para quienes no gozan de padrinazgos del poder central.

Un conjunto de juicios selectivos, en casi todos los ámbitos de relevancia social. Una irregularidad es tal, independientemente a afiliaciones. Pero no deja de ser cierto que toda la maquinaria fiscal, siempre es diligente cuando se trata de no “amigos”, mientras que por demás lento para afines. Tampoco los de la oposición, por el simple hecho de no ser colorado son “blancas palomas”, solo se mide la disparidad de las varas, para Contraloría, Fiscalía y el Poder Judicial.

Es tan así que criminales que saquearon dinero del pueblo, hoy son senadores y hasta altas autoridades partidarias. Solo los poco precavidos van a la cárcel, y constituyen el mínimo porcentaje.

Hay una selectividad manifiesta a la hora de atacar lo irregular y poner palo a la rueda de gestiones de no alineados a intereses del poder, o de quienes están detrás del poder. Son demasiadas coincidencias, como para justificar nada más labores ordinarias de investigadores, o mejor inquisidores. Si las acciones de los órganos competentes fueran similares, nadie podría poner en tela de juicio objetividades. Es raro, por utilizar un término, que todo el peso de la ley sepulte a quienes no tienen la misma afiliación o padrinazgo de clanes poderosos, sean ellos a nivel local o nacional, pues al final de cuentas la mafia impera, sean ellos oficialistas o no.

Muchos reales “gangsters”, no colorados, siguen manejando como su boliche comunas, burlando normas, y de todos quienes se animen a hacer denuncias formales. Que lo digan los del Este. Algo no funciona de manera correcta y lo más probable sea algo subjetivo, encaminado a zozobrar lo que por voluntad popular sería improbable. Se vienen elecciones municipales, quizás esto también motive buena visión de contralores. Las burocracias tienen un fin correcto, pero utilizarla para frenar acciones, es juego sucio de mediocres que comprenden que por propia capacidad, no llegarán ni a titular de comisión pro-empedrado.

El hartazgo hacia la misma clase política, los mismos personajes, y la misma inoperancia, no se dan de la nada. Las opciones hacia fuera de lo tradicional, es el llamado de atención a las organizaciones políticas que no cambiaron jamás su forma de acción en el servicio público, pero al final resultaron ser más de lo mismo. La transparencia y el correcto uso del dinero público, es obligación de oficialistas y opositores, y no debería mediar distinciones para los ojos de la ley y la acción de la justicia.

La selectividad judicial es una realidad presente y que causa impunidad para la mafia política y severidad para ladronzuelos del ámbito. El robo es robo, y debe tener sanción, pero solo crucificar al ladrón de gallinas, no es justicia. Ser selectivo debería ser para el pueblo, que ya tiene experiencia de observar a quienes solo fingen ser diferentes, siendo igual de rapaces a quienes se cuestionaba desde el anonimato del poder. Medir a todos con la misma vara, hubiera ahorrado al país, no solo dinero público, sino el caos en la misma función estatal.