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Denuncian al ministro de Comercio de Panamá por retraso en cierre de polémica mina

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La demanda fue presentada por el abogado ambientalista Harley Mitchell, quien considera que hay un “riesgo inminente” de contaminación.

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Jorge Rivera Staff, fue denunciado ante la Procuraduría de la Administración por el retraso en las acciones para el cierre de la mina Cobre Panamá, que se encuentra en el municipio de Donoso, provincia de Colón.

La denuncia fue presentada por el abogado ambientalista Harley Mitchell, refiere La Prensa, a raíz de la tardanza por parte de la cartera estatal que dirige Rivera para poner en marcha medidas relacionadas con la disposición de los materiales que se encuentran todavía en el lugar, tras el cese de operaciones de la mina de cobre, cuya razón social es Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

De acuerdo con el letrado, hay un “riesgo inminente” de contaminación ambiental, que pone en peligro a las comunidades vecinas a la zona donde operaba el proyecto minero, y la flora y fauna de la región.

Por tanto, considera que la situación puede convertirse en “una bomba de tiempo” para el Estado, si no hay acciones urgentes que eviten un desastre ambiental.

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Mitchell señala que corresponde al procurador de la Administración, Rigoberto González, determinar si las actuaciones de Rivera se enmarcan en algún tipo penal, para solicitar que se abra una investigación al respecto.

Protestas y clausura

A finales de 2023 hubo fuertes protestas en la nación centroamericana, en contra de un polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá, así como contra la Ley 406, mediante la que el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de esta compañía en la mina de cobre a cielo abierto, que está localizada en una zona de bosques tropicales.

Las manifestaciones, protagonizadas por distintas organizaciones sociales, ambientales, estudiantiles, religiosas, indígenas y gremiales, fueron el mecanismo de presión popular para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara la inconstitucionalidad de la ley. Tras ello, el Ministerio de Comercio de Industrias ordenó finalizar las actividades de la mina.

Mitchell comentó este jueves que el pasado 17 de abril, el Ministerio de Comercio comenzó con el proceso para la licitación de la consultoría para una auditoría ambiental, como parte de los pasos del cierre de la mina; no obstante —dijo— todavía no se tiene detalles al respecto.

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