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Che Róga Porã ofertará casas a clase media con firmas denunciadas por Contraloría

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El gobierno de Santiago Peña no descalificó del programa “Che Róga Porã” a constructoras denunciadas por obras deficientes ante la Fiscalía, incluso en procesos presentados por la propia Contraloría General de la República (CGR). Suman los indicios de negociados a costa del sueño de la casa propia de la clase media.

El viceministro de Vivienda, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), Víctor Villasboa, reconoció que no se tuvieron en cuenta los datos de auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) antes de habilitar a las empresas para el programa “Che Róga Porã”. Aún así, apuestan al éxito del plan para disminuir el déficit habitacional del Paraguay, apuntando a que las entidades financieras y compañías de seguros asumirán el mayor riesgo.

La autorización se dio a las personas físicas y jurídicas que simplemente presentaron la documentación requerida, como lo referente a la capacidad técnica y financiera, además de experiencia en construcción de viviendas, según dijo el viceministro. La inscripción se reabrió, sin plazo de cierre, recalcó.

Al ser requerido sobre la habilitación a firmas identificadas como responsables de obras deficientes que fueron denunciadas ante Fiscalía, incluso por la propia Contraloría, respondió que tampoco se tuvo en cuenta eso en la evaluación.

Sin embargo, reconoció el valor de esos informes, pues son relevantes para la Fiscalía al indagar presuntos hechos punibles.

Una de las firmas habilitadas por el MUVH es la Constructora Alpe SA, de Alba Penayo, responsable de la obra “Paseo de las Luces”, al parecer sobrefacturada.

Aún con ese antecedente, la Municipalidad “premió” a Penayo con una ampliación de recursos para obras en la Avda. Fernando de la Mora, a pesar de que se encontraba con retraso y trabajo deficiente, según ya lo dio a conocer la prensa en su momento. Ahora todo indica que se la querría beneficiar nuevamente, pero esta vez en el MUVH.

ABC intentó conocer su versión, a través de un email enviado al correo que la firma reporta como contacto oficial en el portal de Contrataciones. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Al respecto de este y otros casos cuestionados, el viceministro argumentó que los empresarios “tienen derecho a trabajar”, porque están amparados por la Constitución Nacional. Cuando se le planteó que el Ejecutivo tiene la potestad de aplicar los filtros que se consideren necesarios para disminuir los riesgos en la ejecución de un programa, se limitó a ratificarse en su defensa a las firmas habilitadas.

“Si conoce de sentencias (a responsables por obras deficientes), pedimos que nos acerquen”, puntualizó.

El programa Che Róga Porã contempla que “desarrolladoras inmobiliarias” habilitadas presenten proyectos al MUVH, los aprobados se exponen vía web para los interesados, quienes son evaluados por entidades crediticias. Los que califiquen podrán adquirir la casa hasta a G. 400 millones, al 6,5 % de interés anual, a un plazo de hasta 30 años.

Varias de las empresas que presentaron proyectos registran negro historial en construcción de viviendas sociales, incumplimientos en contratos con el Estado (según reporta el portal de Contrataciones Públicas) y vínculos con políticos, como es el caso de Carlos Alberto Muñoz, pareja de la vocera de gobierno, Paula Carro.

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